El caso de Nydia Érika Bautista demuestra 39 años después el plan sistemático para acabar con las disidencias políticas en Colombia
- Casi 39 años después del crimen que ahora la Fiscalía declara como de Lesa Humanidad, el caso de Nydia Érika Bautista es la clave para demostrar la sistematicidad de la desaparición forzada.
- La Fiscalía General de la Nación describe con precisión en 79 páginas que se «trazó una política concertada (…) con los dineros estatales destinados para las fuerzas militares para eliminar a los miembros de las organizaciones subversivas».
- El crimen contra la militante del M-19 contiene elementos de violencia de género que la Fiscalía destaca en su escrito.
Han tenido que pasar 38 años y medio para que Etna Yasmine Niño López, fiscal 69 especializada contra la violación de los en Derechos Humanos, haya firmado un documento en el que demuestra de forma detallada el plan sistemático orquestado desde la Brigada X de Inteligencia para acabar con las disidencias políticas en Colombia.
Han tenido que pasar 38 años y medio de impunidad, persecución, señalamientos, exilios y lucha para que la familia de Nydia Érika Bautista haya recibido un documento fechado el 3 de marzo de 2026 en el que se reconoce que la desaparición forzada, tortura y homicidio de la joven militantes del M-19 constituye un crimen de lesa humanidad y que, por lo tanto, es penalmente imprescriptible.
Pero, lo más importante, han tenido que pasar 38 años y medio desde aquel 30 de agosto de 1987, cuando Nydia Érika fue secuestrada cuando contaba con 30 años de edad en la localidad de Kennedy (Bogotá), para que una institución del Estado describa con precisión los mecanismos de terror que operaron en esos años respondieron a un patrón de «sistematicidad»: «Los actos realizados por los integrantes de Inteligencia de la Brigada X, no eran actos que obedecieran a la voluntad personal de cada uno de sus miembros, sino por el contrario estos actos estaban encaminados a desarrollar un plan previamente concebido para obtener resultados».
El escrito de la Fiscalía demuestra que «la desaparición, tortura y homicidio de NYDIA ERIKA BAUTISTA obedeció a un plan de eliminación de los miembros grupos insurgentes de izquierda, ideado por parte de las fuerzas militares, entre los que se hacía visible para ese momento Grupo guerrillero M-19 del cual hacia parte la víctima (…)». Es decir, que partiendo del material probatorio acumulado en estos 38 años y medio de impunidad, «se concluye de manera inequívoca que la desaparición, tortura y homicidio de NYDIA ERIKA BAUTISTA para la época en que se dio, no fue un hecho aislado sino, por el contrario fue uno de los numerosos casos que se presentaron a gran escala, de manera frecuente y reiterada, estas desapariciones y homicidios fueron masivos como se corroboras con los medios de prueba, y fueron dirigidas contra numerosos miembros de grupos insurgentes de izquierda, por parte de miembros de las fuerzas militares, que tomaron este comportamiento como reiterado para eliminar a los que consideraban enemigos del Estado, presentándose de esta manera un ataque GENERALIZADO contra los integrantes de grupos insurgentes por parte de miembros de las Fuerzas Militares».
Han pasado 38 años y medio hasta que una autoridad del Estado reconozca en su escrito que en el crimen contra Nydia Érika Bautista hay también rasgos claros de violencias específicas contra las mujeres. Por eso, la fiscal anima a investigar «sus circunstancias de vulnerabilidad e interseccionalidad, de cómo su cuerpo de mujer, fue instrumentalizado por los victimarios, para imprimir sobre ella un castigo, ejercer un acto de discriminación y así a través de la violencia, enviar un mensaje (…)».
Erik Arellana Bautista, el único hijo de Nydia Érika, considera que la decisión de la Fiscalía «no pone fin a la impunidad en este caso ni en el de tantas otras personas que fueron desaparecidas por razones políticas en esos años, pero sí confirma, de una vez por todas, lo que las familias de las personas desaparecidas forzadas llevamos décadas denunciando: que había un patrón».
La Fiscalía considera que «(…) se encuentra ampliamente documentado que el homicidio de NYDIA ERIKA BAUTISTA hizo parte de un ataque generalizado y dirigido contra un sector de la población civil, constituido por simpatizantes o miembros del grupo subversivo M-19 u otros grupos de esta naturaleza».
Y Erik Arellana Bautista reivindica el compromiso político de su madre. «No hay que pedir perdón por disentir o por querer cambiar el mundo. Nydia Érika era una activista comunitaria incansable y su compromiso con los nadie fue lo que la puso en la diana de los que truncaron y truncan el futuro de Colombia. Por eso es tan importante que la Fiscalía sitúe a su madre como víctima de este plan perverso contra las personas civiles que no están de acuerdo con el sistema establecido».
De hecho, en el escrito de la Fiscalía, se destaca que Bautista «(…) era miembro del grupo M-19, también lo es que la misma no hacía parte del ala militar de esta organización, nunca estuvo armada ni hizo parte de los combates militares que se daban entre el ejército y el grupo subversivo (…) su trabajo estaba dirigido a la parte social ya que como se demostró, hacía una labor comunitaria con las mujeres y los niños de los sectores vulnerables (…) hacía parte de la población civil y estaba amparada a la luz del derecho penal internacional humanitario».
En el largo escrito que justifica el hecho de que este crimen sea calificado como de lesa humanidad —«se encuentran ampliamente verificados todos y cada uno de los requisitos establecidos para caracterizarlos como Delito de Lesa Humanidad»— aparecen los casos de otras personas similares a Nydia Érika. Las desapariciones forzadas de Amparo Tordecilla, Irma Franco, Óscar William Calvo Ocampo, Andrés Almarales, Augusto Lara Sánchez, Cristóbal Triana Bergaño, Antonio Hernández Niño o Alirio de Jesús Pedraza Becerra (que fue abogado en el caso de Nydia Érika y secuestrado y desaparecido en 1990) son parte de esta estrategia sistemática contra la vida y el disenso político.
