La impunidad, al igual que el delito de la Desaparición Forzada de personas, tiene muchas aristas o dimensiones. No obstante, en ambos casos, existen definiciones o consensos internacionalmente aceptados que permiten adoptar una definición concreta que las hace operativas.

¿Qué se entiende por impunidad?

En ese sentido, puede acudirse directamente a la definición de impunidad que proponen las Naciones Unidas en su Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad:

«Por impunidad se entiende la inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas.»

Consejo Económico y Social de la ONU, Informe de la Sra. Diane Orentlicher, experta independiente encargada de actualizar el conjunto de principios para la lucha contra la impunidad – Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, 8 de febrero de 2005, E/CN.4/102/Add.1

Obviamente se puede ir más allá de esta definición si invocamos a las demandas de «verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición» que reclaman las víctimas en Colombia. No obstante, para hacer un cálculo de la impunidad resulta más que suficiente.

¿Se puede calcular la impunidad?

¿Acaso se puede realmente calcular la impunidad si ni siquiera se conoce la magnitud del delito?

Efectivamente, esa es la gran cuestión.

O por lo menos una de ellas. Es claro que el hecho de que no se conozca la existencia de un delito -ni, por extensión, del delincuente que lo ha cometido- dificulta cualquier cálculo posible de impunidad. Y ese es precisamente el panorama habitual que rodea al delito de la Desaparición Forzada de personas. No es solo que la inexistencia de castigo (o sea, la impunidad) alimente vorazmente al delito de Desaparición Forzada, sino que la naturaleza propia del delito conlleva un grado de impunidad altísimo. Ocultar y borrar cualquier rastro de la víctima o información sobre su paradero es una de las características tipificadoras de este crimen contra la humanidad.

Así pues, no existe certeza del número de casos (delitos), víctimas (personas) ni criminales (¿personas?). No obstante, se saben algunas cosas que permiten que, por lo menos, se pueda proponer un cálculo aproximativo.

Qué sabemos

Para empezar, sabemos lo que no sabemos. No sabemos cuántas víctimas de Desaparición Forzada hay.

Sabemos, en cambio, que todos los datos existentes de Desaparición Forzada sufren de un mayor o menor subregistro según la fuente. Esto implica que las cifras de impunidad que se manejen siempre deberían leerse o interpretarse anteponiéndoles un «al menos«, un «por lo menos» o un «como mínimo«.

Así, aunque no se indique (por ejemplo, por no haber espacio suficiente para así indicarlo en un mapa), si afirmamos que en Antioquia hay un 99,69% de impunidad para los casos de Desaparición Forzada documentados por el CNMH, SIEMPRE debería leerse que «en Antioquia hay por lo menos un 99,69% de impunidad para los casos de Desaparición Forzada documentados por el CNMH».

En este ejemplo, sabemos que el universo de casos (delitos) que nos permitirá calcular la impunidad serán los 17.214 casos de Desaparición Forzada documentados por el CNMH, como cometidos en el Departamento de Antioquia y durante el periodo comprendido entre 1958 y el 15 de septiembre de 2018. No sabemos cuántos son los criminales. Tampoco sabemos cuántos casos ni víctimas quedan por fuera del registro documentado del CNMH. Actualmente no podemos cuantificar el subregistro.

También sabemos que la impunidad en el Departamento no es del 100% porque conocemos que hay algunos casos que han sido juzgados y están en fase procesal de ejecución o cumplimiento de penas (son casos punidos). Con los datos publicados por la FGN, comentados con anterioridad⇒, podremos saber cuál es la proporción de casos que están impunes, porque conocemos los que no lo están.

Calculando la impunidad

Si seguimos la definición de impunidad, con la que comenzábamos este texto, debemos cuantificar la «inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones». Según los datos con los que contamos, debemos conocer cuántos casos/delitos de Desaparición Forzada no están en etapa procesal de ejecución de penas (o sea, no han sido juzgados y los criminales no han sido condenados ni están cumpliendo la correspondiente pena).

Para ello, es conveniente tener en cuenta que:

  1. No podemos conocer la impunidad de la Desaparición Forzada en Colombia (porque no sabemos cuántas personas han sido desaparecidas forzadas) pero podemos calcular la impunidad de la Desaparición Forzada según los datos conocidos del CNMH y potencialmente del RUV (de la UARIV) y del RND (coordinado por el INMLCF). Esto ya es mucho.
  2. Los datos del SPOA de la FGN nos permiten saber cuántos casos/delitos de Desaparición Forzada han llegado a etapa de ejecución de penas. El resto, están impunes.
  3. Es posible que pueda haber algún caso de Desaparición Forzada juzgado y sentenciado antes del SPOA (aunque no antes de la tipificación del delito). Pero, en caso de haber alguno, su número es insignificante.
  4. Para calcular la impunidad utilizamos casos de Desaparición Forzada y casos/delitos de Desaparición Forzada juzgados y en ejecución de penas. Para poder utilizar las cifras de víctimas deberíamos conocer también cuantas víctimas sufrieron esos casos/delitos que han finalizado en ejecución de penas (cosa que actualmente no puede conocerse en los datos que publica la FGN: publican conteo de delitos y estado procesal, por un lado, y por otro, publican víctimas por delito. Pero actualmente no publican las tres variables juntas, o sea, conteo de delitos, víctimas y estado procesal…). Conviene no mezclar casos y víctimas (eventos y personas) ya que en un mismo caso/delito puede haber varias víctimas y varios criminales (nº de delitos ≠ nº de víctimas ≠ nº de criminales).
  5. Tampoco deben confundirse noticias criminales con delitos, ya que no todas las noticias criminales son necesariamente delitos cometidos. De hecho, las noticias criminales deben obligatoriamente investigarse por la FGN para averiguar si hay o no comisión de delito. Si se quiere calcular la impunidad del Sistema Procesal (el SPOA) sí deben utilizarse las noticias criminales, por un lado, y la etapa procesal de los casos, por otro. Pero el cálculo de la impunidad es diferente ya que deben considerarse otros condicionantes (al respecto es muy recomendable leer el documento ⇒Una mirada a la impunidad en el marco del Sistema Penal Oral Acusatorio en Colombia).

Teniendo en cuenta estos factores, ya podemos pasar a formular la impunidad.

La formulación del cálculo de impunidad es sencilla: tomamos el global de casos de Desaparición Forzada del que queremos hallar la impunidad y le restamos los casos que han llegado al sistema procesal y que han sido juzgados y condenados los criminales que cometieron el delito.

delitos impunes= delitos de desaparición forzada cometidos – delitos punidos

La impunidad suele expresarse en forma de proporción, expresando el porcentaje de los delitos que no han sido punidos. La impunidad total equivale al 100% de los casos sin punir (impunes) y la ausencia de impunidad equivaldría al 0% de los casos (todos los delitos juzgados con los delincuentes que cometieron el delito cumpliendo las penas correspondientes).

impunidad= % de los delitos impunes respecto al total de delitos cometidos

Si adaptamos la fórmula a los datos con los que contamos actualmente nos quedaría que

impunidad= [por lo menos] % de los delitos impunes respecto al total de delitos CONOCIDOS

Así, para calcular la impunidad del delito de Desaparición Forzada a nivel nacional, tomamos los 68.431 casos de Desaparición Forzada documentados por el CNMH y le restamos los 337 casos/delitos que se registran en el SPOA como en etapa de ejecución de penas. Los 68.094 delitos restantes -sin punir- son el 99,51% de los delitos conocidos. El porcentaje de delitos impunes es, al menos/por lo menos/como mínimo, del 99,51%

El mismo cálculo puede hacerse también a nivel departamental y municipal, ya que todos los datos utilizados están desagregados municipalmente. Por eso, para el caso antes mencionado de Antioquia, debemos restarles a los 17.214 casos conocidos, cometidos en ese Departamento, los 54 casos en estado de ejecución de penas que se registran en el SPOA, para así obtener una impunidad, por lo menos, del 99,69%. La de su capital, Medellín, aplicando la misma formulación, sería como mínimo del 99,39% (2.776 casos y 17 en ejecución de penas).

Algunas consideraciones

Como avanzábamos al comenzar, el tema tiene muchas aristas y deben analizarse o pensarse muchos factores. A lo largo del proceso de análisis nos han surgido numerosas cuestiones, algunas de las cuales quedan explicadas en el texto. Vamos a dar respuesta a esa otra parte, que posiblemente no queda bien reflejada en las líneas anteriores, en un sencillo ejercicio de preguntas/respuestas: vamos a plantear algunas de las cuestiones que se nos ocurren y las respuestas que les hemos aplicado.

¿Por qué se usan los datos del CNMH y no otros?

Lo ideal sería utilizar una única fuente para hacer los cálculos, pero eso, actualmente, no es posible. Los datos del SPOA no permiten aproximar cuál es el universo de los casos de Desaparición Forzada en Colombia. Solo determinan cuántos de esos potenciales delitos entran en el sistema penal. La impunidad conocida como prepocesal, social o cifra negra (los delitos que no son denunciados y quedan por fuera del sistema penal) es muy elevada. Además, la gran mayoría de noticias criminales de Desaparición Forzada están en el limbo de la etapa de indagación (el 92,3% de ellas a 10/10/2018), por lo que no se sabe siquiera si son o no delitos cometidos (cosa que determinarán las siguientes etapas procesales).

Según el CNMH en sus registros se incorporan los datos de la FGN, por lo que podemos suponer que todos los delitos en etapa de ejecución de penas registrados en el SPOA están incluidos entre los casos documentados por el CNMH. Esto «ligaría» unos datos con los otros.

En cambio, los casos/eventos registrados en el RUV no tienen conexión alguna con los que registra la FGN. Podemos trabajar con la hipótesis de que todos esos delitos en fase procesal de ejecución de pena del SPOA también están registrados como delitos (eventos) en el RUV. Pero eso es mucho suponer… Además, es conocido (especialmente por las organizaciones de víctimas) que hay muchas víctimas que no están inscritas en el RUV. El subregistro es mayor que el del CNMH qué, además, ya incorpora los datos del RUV en su registro.

¿Y los datos del RND? ¿Acaso la FGN no es una de las fuentes alimentadoras del RND? Sí, los datos de la FGN deberían estar incluidos en el RND (aunque las cifras no cuadran del todo). El problema es que los datos accesibles del RND se refieren a víctimas (personas) y no a delitos (casos/eventos/hechos).

Un delito de Desaparición Forzada en etapa procesal de ejecución de penas puede implicar a varias víctimas y a varios criminales (hay casos donde se desapareció forzadamente a 2, 3 o más personas). Podemos utilizar la hipótesis de que cada caso que figura como punido/castigado en el SPOA solo atañe a 1 víctima, pero si ese no es el caso estaremos sesgando el cálculo. Además de que es mucho suponer, y del gran subregistro que tiene este registro, los datos del CNMH también afirman incorporar los datos del RND.

En fin, los datos del CNMH incorporan los datos de las otras fuentes, acercándose más a la desconocida cifra real de personas desaparecidas forzadas en Colombia.

¿La fórmula que aplicamos no es la conocida como «método del embudo»? (con el consiguiente sesgo)

No estrictamente. Tal y como ya se ha explicado, no se está calculando la impunidad en el o del sistema procesal. Se está aplicando la formulación a la definición de impunidad de Naciones Unidas. Con el cálculo, buscamos hallar la cantidad de delitos no castigados, esto es impunes (cantidad conocida de delitos ya que desgraciadamente no podemos hacerlo de la cantidad real, desconocida).

En el texto antes referenciado ( ⇒Una mirada a la impunidad en el marco del Sistema Penal Oral Acusatorio en Colombia) se afirma que en «la medición tradicional de impunidad (“método del embudo”), en donde sólo se considera el cociente de las sentencias condenatorias frente a las noticias criminales ingresadas» se desconoce la filosofía del sistema procesal y muchas de sus decisiones, «pues contrastar el número de casos sentenciados frente al número de casos conocidos por las autoridades penales, es desconocer un análisis a las demás decisiones judiciales distintas a las sentencias. Este método del “embudo” asume que estas decisiones diferentes a las sentencias originan impunidad, lo cual no es cierto». Efectivamente, una noticia criminal que no acaba en condena no tiene por qué considerarse que queda impune.

Todo esto no aplica a nuestro cálculo. Sabemos, por un lado, que hay un número de víctimas únicas identificadas y casos documentados (los datos del CNMH). También sabemos, por otro lado, que hay un número determinado de delitos que han llegado a juicio y los imputados han sido condenados y están cumpliendo pena (los datos del SPOA). El cociente de ambas variables nos permite conocer cuántos casos están impunes.

Utilizando los datos del CNMH, como universo de los delitos, le incorporamos a la impunidad procesal -calculable con los datos del SPOA- el resto de impunidades (incluyendo las preprocesales y hasta las postprocesales, si bien no vamos a entrar ahora en el debate de la imprescriptibilidad del delito de Desaparición Forzada como crimen de lesa humanidad). El único vacío es el subregistro propio de los datos del CNMH.

¿Es asimilable la etapa procesal de «ejecución de penas» a fin de la impunidad?

No necesariamente. No obstante, con la definición de impunidad que hemos utilizado podemos asimilarlo así, pues habría existencia de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones.

Por otra parte, actualmente no es factible (no lo es por lo menos para quien escribe esto) revisar las sentencias de los 337 casos de Desaparición Forzada que están en ejecución de penas. Así que tampoco conviene abrir debate sobre la naturaleza de las sentencias y sobre si éstas cubren el anhelo de justicia de víctimas, familiares y humanos en general (los crímenes contra la humanidad afectan a toda la Humanidad).

Insistimos de nuevo que Impunidad y Desaparición Forzada tienen muchas aristas.

¿Para qué sirve cuantificar la impunidad?

Creemos, sinceramente, que sirve para combatirla.

Tal y como planteamos en la sección de datos y fuentes, siguiendo la propuesta argentina de El Siluetazo, pensamos que lo cuantitativo está provisto de una gran carga emocional y política cuando excede ciertos límites y en Colombia se han excedido todos los límites.

Darle una cifra a la impunidad es visibilizarla, hacerla más concreta y corpórea. Además, cuantificándola se vuelve operativa para hacer análisis y, además, la podemos poner en el mapa.

«En una sociedad dominada por la inmediatez, evidenciar lo importante que ha querido ser  invisibilizado y desaparecido, es un deber ético. Año tras año hemos realizado el doloroso ejercicio de reivindicar el derecho a la vida, a la libertad de pensamiento y palabra que han sido negados a través de la violencia sistemática. Hemos sido perseguidos y amenazados por reivindicar el nombre de las víctimas y por exigir el derecho que tenemos a saber la verdad de lo acontecido con miles de personas que han sido desaparecidas forzadamente. No es una labor fácil porque es una herida que no cierra debido a la injusticia y a la impunidad que permanece en la mayoría de los casos.»


Erik Arellana Bautista

Fidel Mingorance, 05 de abril de 2019

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