¿Dónde están?
Familiares de personas desaparecidas en distintas regiones del país recorrieron las calles de Bogotá para exigir respuestas a la Fiscalía General de la Nación (FGN). Sus historias revelan una realidad que persiste más allá de los límites temporales y jurídicos del conflicto armado: miles de familias siguen buscando a sus seres queridos mientras enfrentan la incertidumbre, las dificultades institucionales y la ausencia de resultados.
Hay una pregunta que atraviesa la historia reciente de Colombia y que, pese al paso de los años, continúa sin respuesta para miles de familias: ¿dónde están los desaparecidos? El pasado miércoles 28 de octubre, esa pregunta volvió a ocupar las calles de Bogotá. Familiares de personas desaparecidas durante los últimos años, procedentes de diferentes regiones del país, se movilizaron para exigir que las instituciones responsables de investigar y buscar a sus seres queridos cumplan con sus obligaciones.
La marcha, acompañada por la Fundación Nydia Érika Bautista, comenzó en el monumento dedicado a Jaime Garzón, recorrió el sector del Tribunal Superior de Cundinamarca y llegó hasta la Fiscalía General de la Nación. No se trataba solamente de una movilización para recordar a quienes faltan, era una exigencia de verdad, de búsqueda efectiva y de justicia.
Detrás de cada fotografía de una persona desaparecida existe una historia interrumpida, una familia que continúa esperando una llamada, una noticia, una investigación que avance. Madres, padres, hermanos, hermanas, hijas y compañeros de vida que se han visto obligados a aprender procedimientos judiciales, recorrer instituciones y convertirse en investigadores de sus propias tragedias. La desaparición transforma radicalmente la existencia de quienes permanecen, el tiempo deja de medirse únicamente en días o años y comienza a contarse desde la última vez que alguien fue visto.
Las desapariciones que no terminaron con la guerra
La firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las antiguas FARC-EP, en noviembre de 2016, representó un acontecimiento histórico para el país y permitió la creación de mecanismos extraordinarios de justicia y búsqueda destinados a esclarecer las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante décadas de conflicto armado. Sin embargo, el fin de la confrontación con esa organización guerrillera no significó el fin de las desapariciones.
En diferentes territorios continúan registrándose casos asociados a múltiples circunstancias, algunas vinculadas con estructuras armadas y criminales, economías ilegales, violencia urbana, trata de personas y otras situaciones que deben ser esclarecidas individualmente, también existen desapariciones cuyas causas siguen siendo desconocidas. Estas realidades obligan a plantear una discusión que no ha ocupado suficientemente la agenda pública: ¿qué ocurre con las personas desaparecidas después de 2016 y con aquellas cuyos casos no pueden relacionarse con el conflicto armado?
La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) tiene un mandato humanitario específico: buscar a quienes desaparecieron antes del 1 de diciembre de 2016, en razón y en contexto del conflicto armado. Esto significa que numerosas desapariciones recientes quedan por fuera de su competencia directa, pero estar por fuera del mandato de la Unidad de Búsqueda no significa estar por fuera de la protección del Estado.
La Fiscalía General de la Nación, las autoridades judiciales, los organismos de investigación y las instituciones responsables de la búsqueda y la identificación tienen obligaciones que no desaparecen por la fecha o el contexto en que ocurrió la desaparición, la búsqueda de una persona no puede depender exclusivamente de que su historia encaje en una determinada categoría institucional.
Las cifras de una tragedia que continúa
Un diagnóstico del Sistema Nacional de Búsqueda, elaborado con información de diferentes entidades, permite dimensionar la magnitud del problema. Según datos de la Fiscalía General de la Nación recogidos entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de octubre de 2024 se reportaron 19.205 víctimas en los registros examinados. Entre los territorios con mayores cifras aparecen Cauca, Bogotá, Nariño, Valle del Cauca y Norte de Santander.
Por su parte, el Registro Nacional de Desaparecidos, administrado mediante el sistema SIRDEC, registraba, con corte al 31 de agosto de 2025, un acumulado histórico de 196.228 personas desaparecidas, de las cuales 126.514 continuaban sin ser localizadas.
Es fundamental precisar que estas cifras corresponden a universos y metodologías diferentes, e incluyen situaciones ocurridas tanto dentro como fuera del conflicto armado. Por tanto, no pueden interpretarse automáticamente como un número de víctimas de desaparición forzada ni como una medición exclusiva de los hechos posteriores al Acuerdo de Paz.
Sin embargo, ponen de manifiesto la magnitud de las tareas pendientes y la necesidad de contar con información pública, desagregada y verificable sobre los casos recientes. Detrás de los registros estadísticos existe una realidad que no puede reducirse a una cifra: la persistencia de familias que desconocen el paradero de sus seres queridos.
Buscar no debería convertirse en una condena para las familias
Una de las consecuencias más profundas de la desaparición es el traslado de las responsabilidades de búsqueda hacia quienes sufren directamente sus efectos. Son las familias quienes, con frecuencia, deben insistir para conocer el estado de las investigaciones, aportar información, solicitar diligencias, buscar asesoría jurídica y reclamar coordinación entre las entidades. A la incertidumbre sobre la suerte de la persona desaparecida se suman los costos económicos, emocionales y sociales de una búsqueda que puede prolongarse durante años.
Las mujeres han desempeñado un papel fundamental en estos procesos, madres, esposas, hermanas e hijas han construido organizaciones, redes de solidaridad y mecanismos comunitarios de documentación y acompañamiento. Su experiencia ha demostrado que la búsqueda no es solamente una actividad judicial, es también una práctica de memoria, de defensa de la vida y de construcción colectiva de derechos. Pero reconocer el compromiso de las familias no puede significar normalizar que sean ellas quienes deban asumir las responsabilidades que corresponden a las instituciones.
La pregunta que llevaron a la Fiscalía es también una exigencia de rendición de cuentas: ¿qué investigaciones se han realizado?, ¿cuáles son las hipótesis que se están siguiendo?, ¿qué diligencias faltan?, ¿qué mecanismos existen para garantizar que los casos no permanezcan indefinidamente sin resultados?
La impunidad también se expresa en la ausencia de respuestas
La desaparición produce una forma particular de sufrimiento: la imposibilidad de conocer con certeza qué ocurrió. Cuando las investigaciones no avanzan, cuando las familias carecen de información suficiente o cuando no se desarrollan acciones de búsqueda eficaces, la incertidumbre se prolonga.
La ausencia de una respuesta institucional no permite concluir, por sí sola, que todos los casos estén judicialmente impunes, pero sí plantea preguntas fundamentales sobre la eficacia de las investigaciones y la garantía del derecho a la verdad. Colombia cuenta con herramientas jurídicas destinadas a responder ante estas situaciones.
La Ley 971 de 2005 regula el Mecanismo de Búsqueda Urgente, que permite solicitar actuaciones judiciales inmediatas para localizar a una persona presuntamente desaparecida. La Ley 1531 de 2012 contempla, además, la declaración de ausencia por desaparición forzada y otras formas de desaparición involuntaria, con efectos destinados a proteger derechos de las personas desaparecidas y sus familias.
El problema no se reduce, por tanto, a la existencia de normas, también exige examinar su implementación, la capacidad investigativa de las instituciones, la articulación entre autoridades y la participación efectiva de los familiares. La búsqueda debe comenzar oportunamente, sin esperar a que transcurran periodos arbitrarios ni exigir que las familias demuestren previamente la comisión de un delito.
La memoria de las víctimas no puede detenerse en 2016
Durante las últimas décadas, las organizaciones de familiares han contribuido decisivamente a que la desaparición forzada sea reconocida como una grave violación de derechos humanos y a que las víctimas ocupen un lugar central en las políticas de verdad, justicia y reparación.
La Fundación Nydia Érika Bautista forma parte de esa trayectoria histórica de defensa de los derechos de las personas desaparecidas y sus familias. Su acompañamiento a la movilización del 28 de octubre establece un puente entre las luchas de quienes enfrentaron la desaparición durante el conflicto armado y las exigencias de quienes buscan a personas desaparecidas en años recientes, ese encuentro entre generaciones de familiares constituye uno de los elementos más significativos de la jornada.
La experiencia acumulada por las organizaciones de derechos humanos demuestra que los procesos de búsqueda necesitan continuidad, acompañamiento jurídico, documentación rigurosa y voluntad institucional. También recuerda que el reconocimiento de las víctimas no puede depender únicamente de los periodos históricos establecidos para implementar mecanismos de justicia transicional.
Las familias de quienes desaparecieron después del Acuerdo de Paz tienen el mismo derecho a conocer la verdad sobre lo ocurrido, a exigir investigaciones efectivas y a participar en las decisiones relacionadas con la búsqueda de sus seres queridos.
De las calles a las instituciones: una pregunta que exige resultados
El recorrido de la marcha por Bogotá tuvo una dimensión simbólica. Comenzar frente al monumento de Jaime Garzón, atravesar un sector asociado con la administración de justicia y terminar ante la Fiscalía General de la Nación permitió trasladar al espacio público una exigencia que muchas familias han formulado durante años en despachos judiciales.
La movilización puso en evidencia que la desaparición no pertenece exclusivamente al pasado. Es una realidad que continúa afectando a familias de diferentes regiones, con historias y circunstancias diversas, pero unidas por la misma necesidad de encontrar a quienes faltan. Las instituciones tienen el deber de responder a esa demanda mediante acciones concretas: búsquedas oportunas, investigaciones rigurosas, coordinación entre entidades, protección a las familias y acceso a información clara sobre el avance de los casos.
La pregunta sobre el paradero de los desaparecidos no puede convertirse en un trámite administrativo ni quedar atrapada entre competencias institucionales, porque para las familias la desaparición no termina cuando se cierra un expediente, cambia un gobierno o concluye una etapa histórica, termina la incertidumbre sobre el paradero cuando existe una respuesta verificable y aun entonces permanecen las exigencias de verdad, justicia y reparación.
El 28 de octubre, las familias volvieron a recorrer Bogotá para recordar que la paz también debe medirse por la capacidad de un país para encontrar a sus desaparecidos, mientras sus seres queridos no aparezcan, la pregunta continuará resonando en las calles, en los tribunales y frente a las puertas de la Fiscalía:
¿Dónde están?
